por Revista Semana. Texto y fotos: Álvaro Sierra Restrepo. Sábado 14 Julio 2012
El resultado de la visita del presidente a Toribío fue que el país se dio cuenta de que el Estado está muy lejos de controlar esa región.
El miércoles 11 de julio, dos Colombias confluyeron en Toribío. Una era la Colombia del presidente y su séquito, con su despliegue de seguridad, su discurso de obras e inversiones y su categórica reiteración de que el Ejército no les cederá un centímetro a las Farc. La otra era la Colombia ‘llevada’, la de los indios, la guerra y el abandono, la desconfianza histórica en el Estado y la resistencia a toda autoridad uniformada, legal o ilegal. Ese miércoles, por cerca de seis horas, esas dos Colombias se encontraron en el parque de Toribío. Pero, como ha ocurrido por décadas, ni siquiera dialogaron.
El presidente Juan Manuel Santos llegó a este pueblito de 6.000 almas, clavado en las montañas del norte del Cauca, con medio gabinete, una comitiva de 70 personas y un operativo de seguridad que era el reconocimiento de que venía a una zona de guerra. Su objetivo era hacer un consejo de ministros para anunciar un plan de inversión de medio billón de pesos y, de paso, mostrar, como lo había dicho días antes, que “la fuerza pública tiene el control total y protege a la población” en la región. Pero la realidad no le ayudó ni en los días previos ni en las horas que pasó allí, en las que, a las acciones de la guerrilla, se sumó la indignación de los indios, como se llaman a sí mismos.
Semana preocupante
En la semana anterior a la llegada del presidente, el frente sexto de las Farc y la columna Jacobo Arenas protagonizaron una notable escalada en una región donde las Farc operan desde que Tirofijo enviara del Tolima, a comienzos de los años sesenta, el primer destacamento guerrillero a Santo Domingo, en las montañas del Cauca.
En varios municipios hubo ataques con tatucos, esos lanzacohetes artesanales que raramente dan en el blanco y caen en las casas. En Argelia, al sur, una moto bomba, dirigida contra la Policía, mató a un niño e hirió a otros cuatro. En otro ataque, siete policías fueron heridos. En El Plateado, una vereda de ese municipio, un helicóptero civil que aterrizó de emergencia fue incendiado y sus dos pilotos, secuestrados. Jambaló quedó desconectado del mundo por la voladura de sus torres de comunicación, estuvo sin luz unos días y ha sufrido ataques regularmente por más de una semana.
Caso aparte fue la arremetida sin precedentes que sufrió Toribío, que averió docenas de viviendas y cuyo punto culminante fue un cilindro que cayó en un hospital indígena e hirió a dos enfermeras, a una de las cuales debió amputársele una pierna. No fue el típico hostigamiento de dos o tres milicianos de civil que disparan un tiro o lanzan una pipeta y se camuflan en una casa. Fue un ataque protagonizado por grupos de guerrilleros uniformados que la fuerza pública no pudo repeler por tres días, “con 15 puntos de fuego” contra el pueblo desde los cerros cercanos, según lo describió un oficial. Al menos uno de esos grupos, según los pobladores del lugar y varios militares que lo combatieron, tenía 30 integrantes. No pocas personas con las que habló este corresponsal coincidieron en que los frentes del Cauca han sido reforzados por “muchos” guerrilleros venidos de otros departamentos. El ataque contra Toribío fue de una duración y una envergadura a las que las Farc hace mucho no se arriesgaban.
En total, en un comunicado, las Farc alegaron haber sostenido 32 “acciones de guerra” en la región en esos días.
Día de propaganda
El día de la visita presidencial, conscientes de las miras de las ametralladoras de los helicópteros Arpía puestas sobre ellos, las Farc optaron por acciones de impacto mediático. Mientras los generales afirmaban en la plaza del pueblo, en medio de abucheos, que no había hostigamiento ese día contra Toribío (lo cual era exacto, pues el pueblo no fue objeto de disparos y solo explotó un pequeño petardo), desde los cerros cercanos los guerrilleros tiraban esporádicamente contra los helicópteros que sobrevolaban. El seco tabletear de las ametralladoras con las que estos respondían fue el sonido de fondo de la visita presidencial que el país escuchó en directo por televisión.
Guerrilleros con uniformes y botas del Ejército montaron, durante buena parte del día, cerca del pueblo, dos retenes en la carretera que viene de la Panamericana a Toribío. Paraban los carros –varios de ellos de la prensa, que se bajaba a grabar los conos naranja que con ‘todas las de la ley’ habían puesto las Farc en la vía–, pedían cédula y decían a los conductores: “Díganle al presidente que para llegar a Toribío tuvieron que pasar por un retén del frente sexto de las Farc”.
A las cuatro de la tarde, poco antes de que la comitiva presidencial abandonara el pueblo, el general Alejandro Navas, comandante general de las Fuerzas Militares, le susurró al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón: “Señor ministro, tenemos uno de los Super Tucano que no se reporta hace media hora”. Poco después se confirmaba: el avión había caído en un cerro cerca de Jambaló y sus dos pilotos murieron. Aunque es improbable que haya sido derribado, por la altura a la que vuela y porque las Farc no tienen los misiles tierra-aire capaces de hacerlo, estas no tardaron no solo en proclamar su autoría, sino que contactaron rápidamente a la prensa para que fuera al lugar.
En 2006, Colombia compró a Brasil 25 de estos pequeños cazas de combate, especiales para la guerra contrainsurgente. Por sus bombardeos de precisión han muerto los jefes más importantes de las Farc y nunca habían tenido un accidente. Aunque haya sido un accidente, el hecho de que la primera de estas aeronaves, cuyo costo ronda los 10 millones de dólares, se perdiera justo el día de la visita del presidente a la región solo contribuyó a reforzar la percepción pública de que el Estado está muy lejos del “total control” que vino Santos a proclamar al Cauca.
Y se alzó el indio
Pero si las Farc le dieron un mal rato al presidente, el más espinoso se lo depararon los indios. El ataque contra Toribío y las víctimas civiles en el hospital indígena generaron una indignación que hace mucho no se veía entre la comunidad. Un día antes de la llegada del mandatario, una muchedumbre de miembros de los cabildos destruyó tres trincheras de la Policía, exigiendo su retiro del casco urbano. Cuando Santos llegó y entró al consejo de ministros en la Casa Cural, las autoridades indígenas se reunieron en el parque y decidieron no hablar con él aduciendo que no vino convocado por ellos y que no querían validar las decisiones que se tomaran, sin consultarles, en el Consejo de Ministros, según explicó Feliciano Valencia, uno de sus voceros, a la gente congregada frente a la iglesia.
Entregaron al presidente un documento en el que declaran un fracaso la estrategia estatal en la región, demandan desmilitarizar su territorio y dejarlo bajo control de la guardia indígena y fortalecer la economía comunitaria como alternativa a los cultivos de coca y marihuana que proliferan en muchas comunidades, entre otros puntos.
Acto seguido, una comisión de indígenas se dirigió al cerro Berlín, donde están las torres de comunicación que dominan Toribío, a exigir al Ejército retirar su puesto de vigilancia, igual que había hecho otro grupo de indígenas en Monte Redondo, en el municipio de Miranda, el día anterior. Taparon con tierra las trincheras y desmontaron los cambuches de los soldados, que no se fueron, pero no opusieron resistencia. Al cierre de esta edición, muchos indígenas se mantenían acampados ahí.
Otro grupo se dirigió hacia los retenes de las Farc en la carretera, seguido por buena parte de los periodistas que cubrían la visita presidencial. En la vereda San Julián, a escasos dos kilómetros de Toribío, los indígenas se apoderaron de cinco cohetes artesanales de las Farc, ocultos a un lado de la vía, para desactivarlos. Un kilómetro más adelante, encontraron a varios guerrilleros que paraban los vehículos y les exigieron, sin éxito, poner fin al retén y retirarse de la zona.
El comandante del grupo, que no quiso identificarse, aprovechó para organizar, con los medios que habían venido a cubrir al presidente, una conferencia de prensa en la que reiteró que las Farc están en el Cauca hace décadas y no tienen la menor intención de irse. El espectáculo de los micrófonos tendidos ante el comandante guerrillero, sentado bajo un árbol, que sin mirar a nadie a los ojos manipulaba tranquilamente su radio, a corta distancia de uno de los más grandes operativos de seguridad que ha visto el Cauca, era casi surrealista. Una hora después, el retén había desaparecido.
Todo esto, emitido por televisión, compitió con el discurso que el presidente, al terminar su consejo de ministros, dirigió a los toribianos, en el que anunció un plan de inversiones por medio billón de pesos y el apoyo a una lista de obras que el alcalde de Toribío le había solicitado. La gente aplaudió cuando prometió que se construirán el polideportivo y la plaza de mercado, pero recibió en medio de un silencio sepulcral el anuncio de que ni un solo militar saldrá del Cauca y que la campaña contra las Farc solo va a arreciar. Hubo también algunos abucheos.
Final no tan feliz
Así terminó esta insólita jornada. El presidente fue a Toribío a afirmar el control del Estado, en un intento por salirle al paso a un momento crítico, pero su visita tuvo el efecto contrario: todo el país se dio cuenta de cuán lejos de ganarse está la guerra en el Cauca.
Una conclusión que era previsible. Más allá de las intenciones del gobierno de mostrar que está al frente de la situación, si hay un lugar donde es evidente el fracaso de las estrategias estatales, es el Cauca. El abandono del Estado es tan parte de la normalidad como la guerra. Un año después de la explosión de la chiva bomba que destruyó docenas de viviendas y mató varias personas, en 2011, la mayoría de los afectados no ha recibido “ni un ladrillo”, como reconoce un alto funcionario gubernamental. Esta vez, el Cauca es noticia por el sostenido ataque contra Toribío y por la visita presidencial. Pero desde hace más de 20 años, escenas como las que se vieron por televisión son el pan de cada día para los que viven aquí.
Las dificultades no vienen de ahora. La política de seguridad democrática no tuvo éxito en el Cauca. En abril de 2004, el presidente Uribe hizo un consejo comunitario en Santander de Quilichao, en el que dijo, poco más o menos, lo mismo que el presidente Santos en Toribío respecto a las Farc y la presencia de la fuerza pública. Eso fue hace casi ocho años y la conclusión de la gente en la región es que el Estado no ha podido protegerla ni, mucho menos, garantizarle condiciones de vida más o menos dignas.
Desde febrero, está en pie una nueva ofensiva militar. El Cauca es una de las diez áreas donde se concentra la nueva estrategia del Estado contra las Farc, a cargo de una fuerza de tarea conjunta denominada Apolo. “El último batallón llegó hace una semana”, dijo a SEMANA el ministro de Defensa, quien sostiene que las cosas no son fáciles, pero que lo que se está haciendo es “correrle las líneas a las Farc, como se hizo en Cundinamarca y Montes de María con éxito”. El general Navas, comandante general, dice que las acciones de la guerrilla buscan distraer la atención que la Fuerza de Tarea Apolo mantiene sobre los jefes del Bloque Occidental e impedir que cierre el corredor Jambaló-Corinto-Caloto por el que la coca se mueve hacia el Pacífico. Sostiene, además, que los indígenas que desmantelan trincheras del Ejército y la Policía están en un artículo del Código Penal: “violencia contra servidores públicos”. Recientemente, en un intento por desmantelar lo que las autoridades llaman “redes de apoyo al terrorismo” que rememoró detenciones masivas del pasado, fueron capturados 29 indígenas, entre ellos, dos líderes respetados en Caldono.
Esta, sin embargo, es solo la variable militar de una ecuación que históricamente se ha resistido a ese remedio. El propio ministro de Defensa lo reconoce: “En esas áreas base (de retaguardia histórica de las Farc, como el Cauca) a las que hemos entrado, esto no se gana solo con tiros, sino con la entrada de todo el Estado”.
A pesar del ofrecimiento del presidente de invertir medio billón de pesos, el problema no es solo de plata –que es necesaria pero no suficiente–. Gracias a una mezcla de abusos e inequidades histórica, el Estado ha fracasado completamente hasta ahora en el Cauca, al igual que en otras regiones, en lograr la confianza de una población a la que, además, apenas si entiende. La reacción de los indígenas contra la presencia militar y policial en sus comunidades, que las Farc usan como excusa para atacarlas, refleja problemas de fondo, ante los cuales ni la plata ni los fusiles oficiales son eficaces.
Los indígenas, que son la aplastante mayoría de la región, son uno de los grupos más organizados del país, pero hay profundas diferencias en su seno. Al presidente, por ejemplo, se le entregó un documento alternativo de juntas de acción comunal del casco urbano de Toribío en el que se dicen en desacuerdo con la destrucción de las trincheras y con ir a hablar con la guerrilla para que se retire, pero coinciden con que no hay solución militar a lo que está pasando. La coca y los invernaderos de marihuana ‘cripy’, como llaman a la variedad más potente y cotizada, invaden las veredas y están cambiando aceleradamente el tejido social de las comunidades en las que las Farc y los narcos pescan seguidores con facilidad.
A estos fenómenos sutiles, claves en la solución de una guerra de tantos años, poca atención se les presta en las estrategias militares o de inversión que se están poniendo en pie (sin contar con que unas y otras arrancan tarde, casi a mitad de gobierno). La mejor prueba de ello es el viaje presidencial: pese a sus anuncios, Juan Manuel Santos no logró dialogar con los indígenas. No es el primer presidente al que le pasa. Mientras esto no cambie, la guerra sin fin del Cauca va a continuar.
